En fecha 13 de noviembre de 2020 se dictó la sentencia nº 4056/2020 del Tribunal Supremo, en la que se analiza si puede aplicarse la prescripción y/o la caducidad de la responsabilidad civil en los procedimientos penales.

Concretamente, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a una persona al pago de una indemnización de más de 130.000 euros en concepto de daños y perjuicios por la comisión de un delito de incendio forestal.

En septiembre de 2001, la sentencia devino firme, siendo el condenado requerido al pago de la indemnización mencionada meses más tarde, en noviembre del mismo año. Sin embargo, tras dicho requerimiento, al condenado no se le volvió a formular ningún otro hasta que el día 22 de noviembre de 2016 se dictó auto por la AP de Barcelona declarando la prescripción de la responsabilidad civil.

Dicho auto fue recurrido ante la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Cataluña, que en fecha 19 de marzo de 2018 dictó nuevo auto revocando el anterior y estimando la imprescriptibilidad de la responsabilidad civil derivada de condena penal.

Frente a esta resolución el condenado interpuso recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que terminó confirmando que la responsabilidad civil derivada de la acción penal no prescribe. La sentencia resalta la especial configuración del proceso de ejecución en las sentencias penales donde deja de ser aplicable el plazo de prescripción de 5 años establecido en la LEC.

La Sentencia indica que en los procesos penales “la protección de la víctima del delito determina una exigencia de tutela muy singular”. Por eso, la ejecución de las sentencias se realiza de oficio y no a instancia de parte. Esta especial configuración se debe al reconocimiento de un derecho para la víctima que no puede desaparecer con el tiempo y que no necesita de la acción de ejecución para hacerlo efectivo. En consecuencia, carece de sentido establecer un plazo de prescripción para ejercer dicha acción.

María Elías
Area Disputas